Corrupción, huachicol y poder: la red criminal que financió la campaña de Américo Villarreal

Ciudad Victoria, Tamaulipas, 15 de abril de 2025.— Una compleja red de corrupción, crimen organizado y protección oficial se extiende por Tamaulipas, con vínculos directos entre mandos policiacos, operadores del narcotráfico y el actual gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya. De acuerdo con investigaciones del medio Código Magenta, la campaña electoral del morenista fue financiada con dinero proveniente del robo de combustible (huachicol), controlado por el Cártel del Golfo y el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), liderados en la región por César Morfín Morfín, alias “El Primito”.

El nexo entre las organizaciones criminales y el gobierno estatal se teje a través de tres figuras clave en la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas: el secretario Sergio Hernando Chávez García; el delegado regional de la Guardia Estatal, Oscar Infante Sierra, alias “El Sierra”; y Luis Ángel Peñaflor Camey, alias “El Camey”, actual coordinador de la Guardia Estatal en Nuevo Laredo. Los tres han sido señalados por brindar protección directa a “El Primito”, quien, según reportes, es el principal operador del huachicol en la región y fuente millonaria de recursos ilegales.

Según las investigaciones, Oscar Infante Sierra, delegado en la zona norte de Tamaulipas, actúa como enlace entre el Cártel del Golfo, facción Metros, y el CJNG con el respaldo del secretario Sergio Chávez García. Desde Reynosa, Infante Sierra coordina operaciones que permiten el trasiego de combustible robado, armas y drogas, y brinda protección institucional a los líderes criminales. Parte de las ganancias son canalizadas como sobornos a mandos de la Guardia Estatal y utilizadas para el financiamiento de campañas políticas.

Uno de los operadores más cercanos a Infante Sierra es Luis Ángel Peñaflor Camey, ex escolta del delegado y con antecedentes por conducir en estado de ebriedad y bajo el influjo de drogas, “El Camey” fue premiado con la coordinación de la Guardia Estatal en Nuevo Laredo. Desde allí ha sido denunciado por obligar a agentes a recaudar cuotas ilícitas, agredir a ciudadanos y proteger operaciones del crimen organizado.

Fuentes internas señalan que realiza constantes viajes a Reynosa para recibir órdenes de “El Sierra”, reforzando el vínculo entre la fuerza pública y el crimen organizado.

Esta estructura paralela de poder ha convertido a Tamaulipas en un estado capturado, donde el aparato de seguridad sirve a intereses criminales antes que al bienestar ciudadano. La impunidad con la que operan estos funcionarios, sumada al financiamiento ilegal de campañas políticas, evidencia un estado fallido donde el crimen no solo coexiste con el gobierno, sino que lo sostiene. Mientras tanto, la población enfrenta un clima de terror, corrupción e injusticia alimentado por quienes deberían protegerla.